Bruselas enfría la iniciativa Stop Killing Games y descarta por ahora obligar a que los videojuegos sigan funcionando tras su cierre

La Comisión Europea ha respondido oficialmente a la iniciativa ciudadana Stop Destroying Videogames, nacida del movimiento Stop Killing Games, y su conclusión principal no es la que esperaban quienes pedían una ley para impedir que los juegos dejen de funcionar al cerrarse sus servidores. Bruselas reconoce la preocupación de los jugadores y asume que el problema existe, pero afirma que “en esta fase” no puede proponer una obligación legal para que los videojuegos sigan siendo jugables una vez dejan de comercializarse o recibir soporte oficial.

La respuesta llega después de que la iniciativa reuniera más de 1,3 millones de firmas y alcanzara una audiencia formal ante la Comisión. Ya en 2025 habíamos contado cómo Stop Killing Games había superado 1,2 millones de apoyos en la UE, con la propuesta de evitar que las editoras “maten” juegos ya vendidos al apagar los servidores de los que dependen. Obviamente, en este caso no hablamos de errores puntuales en unos drivers, sino de cortar el acceso a un título de forma definitiva.

Sin embargo, la Comisión sostiene ahora que el asunto choca con los derechos de propiedad intelectual. En su comunicado, explica que el copyright europeo otorga a los titulares derechos exclusivos sobre sus obras y añade que también pueden intervenir otros derechos de propiedad intelectual que protegen aspectos visuales y tecnológicos del videojuego. Por lo tanto, Bruselas considera que no puede imponer de momento una obligación general para que esos títulos sigan funcionando tras su final comercial.

La Comisión se limita a un código de conducta y a reforzar los derechos del consumidor

En lugar de una nueva ley, la Comisión plantea dos pasos. El primero será abrir un diálogo con la industria del videojuego y representantes de consumidores para elaborar un código de conducta sobre cómo gestionar el “fin de vida” de los videojuegos. El segundo consistirá en reforzar la difusión y aplicación de los derechos de consumo ya existentes.

Bruselas recuerda que la normativa actual ya obliga a los proveedores a informar sobre la duración del servicio y las condiciones de terminación antes de la compra. También subraya que, si un juego deja de prestarse antes de lo estipulado en contrato o antes de lo que un consumidor podía esperar razonablemente, el usuario puede tener derecho a un reembolso proporcional.

Henna Virkkunen, vicepresidenta ejecutiva para soberanía tecnológica, seguridad y democracia, ha señalado que esta iniciativa demuestra la relevancia cultural del videojuego y ha expresado su esperanza de que la industria acuerde mejores estándares de cierre. Por su parte, Michael McGrath, comisario de Democracia, Justicia y Protección del Consumidor, insiste además en que los proveedores deben tratar a los consumidores de forma justa cuando deciden retirar un juego.

A continuación, te dejamos la respuesta completa de la Comisión Europea:

La Comisión Europea colaborará con los consumidores y los editores a finales de 2026 para explorar formas de mejorar las normas de la industria, como respuesta a la Iniciativa Ciudadana Europea (ICE) «Stop Destroying Videogames».  

Los videojuegos modernos a menudo dependen de los servidores de los editores para funcionar. Los editores pueden dejar de soportar estos servidores, lo que hace que los juegos se vuelvan parcial o totalmente injugables. Por lo tanto, la ICE invitó a la Comisión a proponer legislación que garantice que los jugadores puedan seguir jugando a los videojuegos después de que los editores dejen de prestar apoyo comercial a estos juegos. 

La Comisión considera que, en esta fase, no puede proponer una obligación legal de mantener la jugabilidad de los videojuegos una vez que hayan dejado de ofrecerse comercialmente. Esto se debe también a los derechos de propiedad intelectual existentes. Con arreglo a la legislación de la UE en materia de derechos de autor, los titulares de derechos disfrutan de derechos exclusivos sobre sus creaciones. Además de los derechos de autor, otros derechos de propiedad intelectual también pueden ser relevantes, ya que pueden proteger diferentes aspectos visuales y tecnológicos de un videojuego. 

La legislación vigente de la UE en materia de protección de los consumidores ya prevé importantes salvaguardias que protegen los intereses económicos de los consumidores. Los proveedores de videojuegos deben informar a los consumidores sobre la duración y las condiciones para rescindir el contrato antes de que los consumidores se inscriban en el videojuego. La Directiva sobre contenidos y servicios digitales ofrece a los consumidores vías de recurso cuando los contenidos o servicios prestados no se ajustan al contrato y a lo que los consumidores podrían esperar razonablemente. Los consumidores pueden tener derecho a un reembolso proporcional de sus compras. 

Sin embargo, para responder a las preocupaciones de los agentes, la Comisión se ha comprometido a adoptar varias medidas. 

En primer lugar, iniciará un intercambio con la industria de los videojuegos y los representantes de los consumidores con el objetivo de elaborar un código de conducta de la industria sobre la gestión del «fin de la vida» de los videojuegos. 

En segundo lugar, la Comisión trabajará con las organizaciones de consumidores y las autoridades para sensibilizar sobre los derechos aplicables que protegen a los consumidores, incluidas las salvaguardias que protegen los intereses económicos de los consumidores. La Comisión informará sobre la aplicación de la Directiva relativa a los contenidos y servicios digitales antes de que finalice el año. La aplicación activa de estos derechos de los consumidores existentes también puede incentivar a los proveedores a ofrecer videojuegos con una vida útil más larga y explorar soluciones para satisfacer las expectativas de los consumidores.

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